El gobierno cubano ha logrado imponer en Italia un esquema de apropiación salarial y control político sobre cientos de médicos enviados como parte de su programa de cooperación médica, a pesar de que el Estado italiano les paga directamente, descubrió una investigación del diario independiente CubaNet.
La retención de hasta el 71% del salario de los profesionales sanitarios por parte de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC), empresa estatal del régimen, viola los principios laborales europeos y ha generado preocupaciones internacionales sobre posibles prácticas de trabajo forzoso.
Según una investigación de CubaNet, el mecanismo opera mediante un doble contrato: uno firmado con las autoridades sanitarias italianas, conforme a la legislación laboral local, y otro con la CSMC, que impone cláusulas restrictivas, obliga a transferencias mensuales de ingresos a cuentas bajo control del régimen cubano, e impone regulaciones extraterritoriales que contravienen las leyes italianas.
Italia intentó inicialmente cumplir con las normas del derecho laboral europeo: desde 2022, el salario de los médicos cubanos es transferido íntegramente a sus cuentas personales, sin intermediación financiera del régimen.
Sin embargo, Cuba impuso un segundo marco contractual que obliga a los galenos a reenviar gran parte del dinero recibido. Este sistema, según el análisis legal citado por CubaNet, carece de legitimidad y viola acuerdos internacionales firmados por ambos países.
De los aproximadamente 67.000 euros brutos anuales que Italia destina por cada médico, solo entre un 22% y un 46% termina en manos de los profesionales. El resto va a la CSMC bajo conceptos como “donación voluntaria”, “estipendio” o supuestos impuestos que no corresponden con la legislación fiscal italiana. Las horas extra y bonificaciones, como el salario adicional de diciembre ("mes 13"), también son parcialmente apropiadas por la empresa estatal.
Más de 370 colaboradores cubanos trabajan actualmente en hospitales públicos de Calabria y Lombardía.
Documentos internos obtenidos por CubaNet demuestran que el sistema cubano incluye, además de la expropiación salarial, un régimen disciplinario que restringe derechos fundamentales como la libertad de movimiento, asociación y expresión, en abierta contradicción con la Constitución italiana y los tratados internacionales suscritos por ese país.
Las autoridades italianas han evitado pronunciarse públicamente sobre estas denuncias, mientras que el Parlamento Europeo, la ONU y ONG de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran una forma contemporánea de esclavitud. La directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Werlau, calificó este modelo como “un mecanismo de explotación estructural con fines económicos y políticos”.
En 2023, el relator especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, incluyó a Italia entre los países que podrían estar facilitando trabajo forzoso mediante convenios con el régimen cubano. El Parlamento Europeo también adoptó una resolución en 2024 condenando la participación de gobiernos europeos en esquemas similares.
Italia, uno de los socios comerciales más relevantes de Cuba en Europa, renovó recientemente el acuerdo marco que permite la presencia de unos 497 médicos cubanos hasta 2027.
Las condiciones actuales, según el análisis legal citado en la investigación, no solo vulneran los derechos de los profesionales, sino que podrían exponer al Estado italiano a responsabilidades legales ante tribunales nacionales e internacionales.
La retención sistemática de salarios, la imposición de reglas extraterritoriales, el control ideológico y las restricciones impuestas por la CSMC convierten este programa en una forma de coacción laboral institucionalizada.
Pese a operar en suelo europeo, el modelo exportado por La Habana sigue funcionando bajo las mismas lógicas autoritarias que han caracterizado las llamadas “misiones médicas” en países como Venezuela, Angola o Qatar.
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